El desafío cooperativo del nuevo gobierno

Durante su campaña, el Presidente Sebastián Piñera propuso una serie de medidas destinadas a la creación de «una cultura innovadora y emprendedora, que reconozca y valore a las personas que deciden correr riesgos», sustentada en cuatro ejes principales, a saber, la educación de los niños y jóvenes en este espíritu de emprendimiento e innovación, la reforma del marco legal de la empresa, la creación de nuevas formas de financiación y la difusión de alternativas de nuevos negocios. En directa relación con esta área de desarrollo, el nuevo gobierno anunció su compromiso con las PYME, de forma que estas empresas se conviertan en el principal engranaje de la recuperación económica del país, ahora todavía más necesaria tras los devastadores efectos del terremoto que asoló el país. Ambos propósitos pueden ser cumplidos de forma eficaz si se aborda un desafío que, en las últimas décadas, ha sido una tarea gubernamental pendiente, como es la reforma de la legislación sobre cooperativas y el impulso de éstas como forma alternativa de organización empresarial.

El texto definitivo de la actual Ley General de Cooperativas fue sancionado por el DFL 5/2003, cuyas disposiciones son complementadas con un reglamento aprobado por el Ministerio de Economía en 2004, que vino a reemplazar el anterior de 1936. Pese a su data reciente, estos cuerpos normativos no se encuentran en consonancia con la última definición del ideario de esta forma de empresa realizada por la Alianza Cooperativa Internacional en el Congreso de Manchester de 1995, y recogida en la Declaración sobre Identidad Cooperativa. La razón de este desfase se debe al largo período durante el cual el proyecto de reforma de la Ley General de Cooperativas permaneció en el Congreso Nacional. En efecto, la discusión de dicha ley había comenzado con el mensaje del Presidente Aylwin de 11 de noviembre de 1992, que tardó once años en convertirse en ley, sin que durante ese lapso se consideraran las nuevas orientaciones habidas al respecto.

La superación de la actual crisis económica y la reconstrucción del país requieren de instrumentos que permitan flexibilizar la actividad empresarial, hasta ahora conducida casi exclusivamente bajo organizaciones centradas en la maximización del capital. Se hace necesario enderezar la reactivación económica no sólo a través de una reforma del mercado de capitales que permita un mejor desenvolvimiento de las sociedades civiles y mercantiles, sino también revitalizar una forma asociativa que presta especial atención a las personas, como son las cooperativas. No debe extrañar que en Europa las cooperativas constituyan una forma de organización empresarial bastante recurrida, cubriendo giros de amplio impacto social. Un área donde las cooperativas podrían cumplir una función importante en el país es en la educación primaria y secundaria, en la que pueden ofrecer una estructura jurídica flexible para la reforma del actual sistema de educación municipal y subvencionada, cuya gestión esté entregada a quienes directamente intervienen en dicho proceso. Algo parecido podría ocurrir con las cooperativas de vivienda, útiles como forma de reconstrucción de las zonas afectadas por el último seísmo.

El futuro de la sociedad civil está en los incentivos que se brinden a los cuerpos intermedios para llevar a cabo su labor, permitiendo que éstos se ordenen a conseguir un desarrollo humano integral de cara al pleno desarrollo del país. Las cooperativas son una excelente herramienta para encarnar estas líneas matrices de la política económica del nuevo gobierno. Éste tiene, pues, un desafío similar a aquel que afrontó hace casi veinte años el primer gobierno de la Concertación. Entre sus propuestas económicas ha de incluir una profunda revisión de legislación sobre cooperativas, que facilite una mayor expansión de su ideario en los distintos sectores económicos. De ese modo, irá también a la saga del MERCOSUR, que el año pasado aprobó un Estatuto de Cooperativas Transfronterizas, favoreciendo la unidad regional. Pero la promulgación de una nueva ley puede tardar bastantes años, como sucedió con la actualmente en vigor. La tarea inmediata ha de ser incentivar la difusión de los valores (autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad) y principios (gestión democrática por los socios, cooperación, interés por la comunidad, etcétera) que componen el ideario cooperativo, tanto entre los socios y directivos de las cooperativas como entre los distintos operadores jurídicos relacionados con ellas, especialmente las instancias gubernamentales de financiamiento y fiscalización. De ser así, la política económica del gobierno del Bicentenario conseguirá revalorizar la asociación de personas que se unen entre sí para mejorar sus condiciones de vida, es decir, para contribuir, en la medida de sus posibilidades, con el bien común de un país que quiere marchar por la senda del progreso.

[Una versión preliminar de este texto fue publicada dentro la sección "Cartas al director" de la edición de La Tercera del viernes 26 de enero de 2010].